El origen del conflicto
Todo empezó en las elecciones de 2022, cuando Joan Soteras se proclamó presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y Juanjo Isern, su principal rival, impugnó los resultados. Desde entonces, la polémica no ha dejado de crecer: denuncias de firmas falsificadas, ocupación ilegal de cargos y una supuesta colusión dentro de la directiva han pasado de ser rumores a estar documentadas en los archivos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El TSJC ha revelado que Soteras y su junta permanecieron en sus puestos durante 16 días sin respetar lo que dicta el reglamento interno, que prohíbe que los candidatos ocupen cargos directivos mientras se celebra una elección. Esa brecha legal, según los expertos en derecho deportivo, debería traducirse en una nulidad automática y, por tanto, en la descalificación inmediata del implicado.
Pero la historia no termina ahí. Se ha descubierto un esquema de manipulación de firmas que habría favorecido a Soteras en la fase de presentación de candidaturas. La investigación, que lleva meses en marcha, señala a varios directivos de la federación y a colaboradores externos que habrían falsificado documentos para asegurar la victoria de su candidato.
En medio de este torbellino, Antonio Morales, presidente de la Fundación Grama, tomó la palabra pública al colgar un cartel en el campo de Grama que decía "Todos los clubes contra la corrupción federativa". El mensaje apuntaba directamente a Soteras y al director José Miguel Calle, y desató una respuesta ejemplar de la federación.
La reacción de la FCF fue aplicar una sanción de un año de inhabilitación y una multa de 600 euros a Morales. Sin embargo, el Comité de Apelaciones revocó la medida, exonerando a Morales y dejando al descubierto la fragilidad jurídica del actual liderazgo.
Implicaciones y perspectivas
La disputa ha trasgredido el terreno interno del deporte para tocar la esfera política. El equipo legal de la Generalitat de Cataluña, en una maniobra poco habitual, ha respaldado la exigencia de la destitución de Soteras, alineándose con Isern y con los clubes que reclaman mayor transparencia.
Esta alineación entre la administración regional y la oposición refuerza la presión sobre la federación, que además depende de subvenciones del Consejo Catalán del Deporte, la Diputación Provincial y fondos de la Real Federación Española de Fútbol. El uso de recursos públicos en una entidad que parece estar bajo la sombra de la corrupción genera una legítima preocupación entre la ciudadanía y los patrocinadores.
Mientras tanto, la FCF se encuentra en un limbo jurídico: el TSJC reconoce la nulidad radical de la elección, pero su fallo se ha centrado en matices técnicos y no ha ordenado la expulsión inmediata. La falta de una ejecución clara deja a la federación con una directiva que sigue operando a pesar de las irregularidades confirmadas.
Los clubes catalanes, ahora más que nunca, exigen claridad. Muchos temen que, si la situación se prolonga, se vea comprometida la planificación de competiciones locales, la formación de jóvenes talentos y la confianza de los aficionados. La incertidumbre ya arrastra más de dos años de disputas judiciales, y la expectativa es que la próxima sentencia ponga fin al calvario.
En el horizonte, se plantea la posibilidad de convocar nuevas elecciones bajo una supervisión externa para garantizar la legitimidad del proceso. Algunas voces también sugieren la intervención de la Federación Española para legitimar la gestión y restablecer la credibilidad del fútbol catalán.
Mientras tanto, la presión mediática no cesa. Cada declaración de Soteras, cada maniobra legal, es analizada al detalle por periodistas, analistas deportivos y activistas de la transparencia. El caso se ha convertido en un referente de cómo la gobernanza deportiva puede verse vulnerada cuando los intereses personales colisionan con los estatutos y el bien público.
Lo que está claro es que la resolución del conflicto no solo determinará quién ocupará la presidencia de la FCF, sino que también sentará un precedente sobre la capacidad de los órganos deportivos regionales para autocontrolarse y responder a la rendición de cuentas.
